Es el tercer parque nacional más visitado de Costa Rica; las economías de sus comunidades vecinas dependen en un 95% del turismo. Sin embargo, cuando la actividad turística de Costa Rica cerró debido a la pandemia, el Parque Nacional Marino Ballena ya estaba en el cuarto año de otro problema: había estado enfrentando una orden de cierre de las autoridades de salud desde 2016 porque carecía de baños o duchas adecuados para su casi 200,000 visitantes anuales.

El parque protege 5,160 hectáreas marinas y 171 hectáreas terrestres que corresponden a una franja costera de 15 km. Es conocido por las ballenas que visitan sus aguas todos los años, lo que lo convierte en uno de los mejores lugares del mundo para ver cetáceos, y también porque en una de sus playas, el sector Uvita, hay una tómbola que en marea baja se asemeja a la cola. de una ballena

Cuesta creer que un paisaje tan icónico, un parque tan frecuentado, haya estado tan cerca de la crisis. Sin embargo, la devastadora “temporada cero” causada por el COVID-19 se sumó a la orden de cierre que, si bien nunca se aplicó debido a la importancia del parque para muchos negocios en el área, ahora se interpuso en el camino de la aprobación del Ministerio de Salud para reapertura durante la pandemia— podría haber sofocado estas economías locales y, por lo tanto, afectado gravemente su capacidad de contribuir a la sostenibilidad del parque.

Uno pensaría que una pandemia global solo agravaría los problemas que ya existían.

Entonces, ¿cómo es que en Bahía Ballena, en ese momento histórico inédito, encontró una nueva forma de salir adelante?

Marino Ballena antes de la pandemia

El primer intento de establecer el Parque Nacional Marino Ballena se realizó en 1989 mediante decreto ejecutivo. Sin embargo, la comunidad presentó una demanda para tratar de detener este cambio, y el parque no fue creado oficialmente hasta que se emitió un segundo decreto en 1992. Su creación causó un gran revuelo en la comunidad, porque puso fin a la extracción marina comercial extensiva. , incluida la pesca de arrastre de camarones.

La zona fue hogar de una comunidad de pescadores artesanales que dependían del aprovechamiento de los recursos marinos. Además, los miembros de las muchas comunidades vecinas estaban acostumbrados a ir y venir por la playa a su antojo. Un cambio de mentalidad sobre el uso de los recursos tomó tiempo y generó muchos enfrentamientos entre las comunidades y las autoridades.

“Te estás llevando la langosta, pero mañana esa langosta valdrá más debajo de una piedra” donde los turistas pueden verlo durante un recorrido marino, Frank Sequeira recuerda haberle dicho a los pescadores cuando era guardaparque en Marino Ballena. “Esa langosta [en un tour] se puede vender muchas veces; se vende una sola vez en el plato”.

Frank es originario de Uvita y, como líder comunitario, ha estado activamente involucrado en la evolución del parque.

“En cuestión de cinco años, la pesca con valor comercial había desaparecido, y con ella alrededor del 70% de los pescadores”, dice Frank. “Aún así, la lucha continuó”.

La historia de la administración del parque nacional tiene tres etapas. Entre la fecha de su creación y 1997, la gestión del área protegida fue convulsa, llena de enfrentamientos y abandonos. Durante nueve años a partir de 1997, una asociación comunitaria denominada ASOPARQUE se hizo cargo de la administración y cuidado del parque en conjunto con el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC); esto terminó en 2006, cuando la Contraloría General de la República declaró que esta cogestión entre autoridades y comunidad era ilegal, porque la ley costarricense establece que las áreas protegidas sólo pueden ser administradas por el Estado. Como resultado, el SINAC asumió nuevamente la administración del parque.

En todo momento, la dependencia mutua entre el área protegida y la comunidad se ha mantenido como un factor constante. Así que, también, tenga confrontaciones.

“En dos ocasiones diferentes, la gente de aquí ha estado tan molesta que le prendieron fuego a la casa de los guardaparques”, dice Marcela Sequeira, presidenta de la Asociación de Desarrollo Integral de Uvita (ADIU).

“Esta es una comunidad que depende completamente de un área protegida y que ha crecido económicamente a partir del parque”, dice Ana Camacho, directora ejecutiva de Fundación Somos, una organización comunitaria creada en Bahía Ballena para apoyar a la región. “La falta de visibilidad de esta simbiosis ha provocado un divorcio sin sentido”.

Los líderes comunitarios entrevistados coinciden en que los nueve años bajo la administración de ASOPARQUE fueron los más organizados y prósperos en la gestión del parque. Sin embargo, esa cogestión fue declarada ilegal. Los líderes también expresan un enorme descontento con la administración del parque y la falta de recursos que el gobierno asigna a la gestión del parque.

“Somos el grupo que cuida las áreas marinas del parque”, dice Karol Monge, presidenta de la Asociación de Tour Operadores de Uvita (ASOTU), y agrega que el SINAC no cuenta con una lancha para patrullar las aguas protegidas. “Tenemos 40 [barcos] y no permitimos que la gente pesque dentro del parque. Si vemos una tortuga en peligro, la ayudamos. Patrullamos y recogemos la basura”.

“En ese parque, todo es malo. Hay que cambiarlo todo”, dice Marcela, de ADIU. “Las condiciones en las que trabajan los funcionarios [del SINAC] son ​​increíbles. Son condiciones que el Ministerio de Salud ha dicho que son inaceptables”.

Según el administrador del Parque Nacional Marino Ballena, Cristian Masis, los datos de turismo previos a la pandemia muestran que de cada 10 turistas que visitan las áreas protegidas de Costa Rica, dos visitan Marino Ballena. Sin embargo, la asignación de recursos no refleja esto.

“El sistema se basa en la solidaridad”, explica Cristian. “Hay más de 100 áreas protegidas, y solo 46 cobran por visita. De estas, cuatro generan el 80% del total de visitas a áreas protegidas en Costa Rica”. Estos son el Parque Nacional Manuel Antonio, el Parque Nacional Volcán Irazú, Marino Ballena y el Parque Nacional Volcán Poás.

Cuando Cristian asumió la administración del parque a fines de 2019, solo había nueve funcionarios asignados para el manejo y protección de toda el área. Hoy existen 22 puestos para este fin, pero, según Cristian, esto todavía representa solo la mitad del personal requerido para implementar el plan de manejo del parque.

La falta de recursos y personal dentro del área protegida provocó la orden de cierre por parte de las autoridades sanitarias, pero también tuvo otras consecuencias. La playa Colonia, perteneciente al parque, se convirtió en la playa de la zona con los mayores índices de hurto.

“Los turistas son muy confiados, y cuando regresaban [de un chapuzón en el mar] no quedaba nada”, dice Cristian. Sin embargo, “desde que reabrimos [en 2020] no hemos tenido ni un solo delito”.

Para Ana de Fundación Somos, además de la falta de recursos destinados a la tercera área protegida más visitada de Costa Rica, el principal problema que enfrenta la disfuncional simbiosis entre el área protegida y la comunidad tiene que ver con la falta de liderazgo a nivel ministerial. , en lo alto del Área de Conservación de Osa. Desde su punto de vista, las personas en el punto de vista en realidad tienden a encontrar el camino hacia un consenso, pero están limitadas por la “camisa de fuerza” legal.

“En lugar de valorar ese discurso de desarrollo económico sostenible”, dice, “lo que hace [el MINAE] es tratar de ver cómo limitarlo”.

Para todas las personas que hablaron con El Colectivo 506, las nuevas estrategias colaborativas son la única forma de mejorar las relaciones que definen al parque.

“Hay que buscar caminos para una gestión compartida fluida, porque el gobierno tiene déficit”, dice Ana. “No hay otra salida. Debemos generar mecanismos de interacción y financiamiento mixto entre el sector privado, las comunidades y el Estado”.

“Sueño con ver Servicios y Actividades No Esenciales (SANES), ese involucramiento, ese poder de autogestión”, dice Cristian, el administrador del parque. “Sueño con tener guardaparques que estén atendiendo a los turistas y la comunidad guiando al turista, el hotel [dueño] diciéndole al turista cuáles son las reglas… para que los guardaparques no tengan que ser” los únicos haciendo controles.

El impacto inesperado de la pandemia

“Nos llamó en abril de 2020, dos semanas después de que cerraran el parque”, dice Marcela. Se refiere a Cristian, quien en las primeras semanas de la pandemia tocó las puertas de la ADIU, la Fundación Somos y el Municipio de Osa, buscando recursos para cumplir con los requerimientos sanitarios necesarios para una eventual reapertura del parque.

Cristian explica que debido a que los presupuestos públicos se asignan con un año de anticipación, el parque no contó con los recursos necesarios para atender una emergencia inesperada como la del COVID-19.

“Había que hacer de todo”, dice Marcela, refiriéndose a los baños, urinarios, duchas, pasillos y lavabos. A través de ADIU se canalizaron donaciones de dinero y mano de obra de entidades públicas y privadas para la construcción de las instalaciones necesarias. Cinco meses después, el área de Uvita del parque comenzó a recibir visitantes nuevamente.

“Les ayudamos con los protocolos y donamos toda la mano de obra para esos baños”, dice Karol de ASOTU. “Ahí es donde comenzaron las buenas relaciones. La pandemia ha mejorado nuestra relación”.

Este trabajo en equipo convirtió al Parque Nacional Marino Ballena en el más visitado de todo Costa Rica en 2020, alcanzando casi la mitad de su visitación normal a pesar de la pandemia. Pero, ¿qué más se logró?

En noviembre de 2020 se formalizó una alianza de 13 organizaciones comunitarias de la zona de Uvita y Ballena. Desde entonces, la alianza se ha convertido en el nuevo canal oficial de comunicación con la administración del parque.

Las organizaciones participantes son ADIU, Asociación de Guías de Bahía Ballena (ASOGUIBA), Fundación KETO, Fundación Somos, Asociación Amigos de la Naturaleza del Pacífico Central y Sur (ASANA), Asociación Administradora de Acueductos y Alcantarillados de Uvita y Ballena (ASADA) Uvita y Ballena, Viví Bahía Ballena (agrupación de comerciantes de la zona), Asociación Cocos del Parque Nacional Marino Ballena (ASOCOCO), Geo Porter, Coopeuvita RL, Unión Seccional de Productores Independientes y Actividades Diversas (UPIAV) de Uvita de Osa, y Turistica.

“Necesitábamos más fuerza comunitaria”, dice Marcela. “Tuvimos que unirnos y ver cómo, juntos, podíamos mejorar las cosas”. Y aunque el trabajo de la alianza se ha enfocado en lograr la apertura del parque, Marcela dice que la alianza espera seguir trabajando para lograr otros proyectos en la zona.

Las restricciones de capacidad provocadas por la pandemia también obligaron a la alianza a organizar otro aspecto de la relación parque-comunidad.

De acuerdo con el artículo cuarto del Reglamento de Uso Público del Parque Nacional Marino Ballena, todos los residentes de las comunidades de Ojochal, Piñuelas, Bahía Ballena, Uvita central, Playa Hermosa, La Unión y San Josecito tienen derecho a ingresar al parque sin pagar un precio de la entrada. Esta exención es única en todo Costa Rica y se estableció como una forma de reconocer la relación preexistente entre la playa y las comunidades.

A partir del 1 de agosto de 2021, y a solicitud de la administración del parque, solo podrán hacer uso de esta exención las personas identificadas con una tarjeta emitida por la ADIU. Antes de eso, el uso de la exención dependía de si un guardaparques en particular conocía personalmente al miembro de la comunidad y la veracidad de cada visitante.

“Empezamos a imprimir tarjetas en enero”, dice Marcela de ADIU. “Tuvimos que hacer muchas entrevistas, reportajes para Canal 7 [nacional]. Tuvimos que hacer de todo para tratar de explicarle a la gente que lo que queríamos era salvar la exoneración”.

Según Cristian, el parque permite 25,000 visitas gratuitas de residentes al año bajo la exención. Considera que esto es un aporte a la comunidad de 25 millones de colones (más de $40,000), además de que los operadores residentes de paseos en bote no pagan derechos de cabotaje, ni de tránsito costero.

“El parque es un buen vecino”, agrega.

La comunidad ha tenido que cambiar la forma en que visitan el parque. Debido a la pandemia, hay menos franjas horarias de entrada de lo habitual y se han reducido los horarios de visita. Además, se ha impedido el ingreso de automóviles a la playa y ya no se permite acampar.

“Estamos contentos con el parque. No queremos que sea solo una playa pública y nada más”, dice Marcela. Sin embargo, dice que asegurar la implementación de la normativa, que debería ser una obligación de los funcionarios del SINAC, ha sido difícil de asumir para las comunidades.

Para Cristian, este arreglo ha traído muchos beneficios; Puede que la pandemia no haya sido la causa, pero fue un acelerador.

“Este es un proceso que tenía que darse”, dice Cristian, y agrega que la pandemia ha afectado a todas las áreas protegidas por igual. “Aquí, ya habíamos estado trabajando en esto”.

“Quieren el parque. Quieren la playa”, dice Ana, recordando que las comunidades de la zona han mostrado su voluntad de contribuir económicamente para ayudar al parque, antes y durante la pandemia. “Tienen un compromiso espiritual, y se refleja en un compromiso material cada vez que el parque necesita algo”.

Las puertas que permanecen cerradas

“Justo antes de la pandemia ya empezábamos a trabajar bien”, dice Marcela, de ADIU. “Durante la pandemia, nos hicimos mucho más fuertes”.

Esa es la conclusión de todas las personas entrevistadas por El Colectivo 506, quienes también coinciden en que lo logrado es solo el comienzo.

El parque aún necesita muchas mejoras, especialmente en lo que respecta a la infraestructura. A finales de febrero de 2021 se iniciaron las obras de construcción necesarias gracias a la inversión de fondos de la Junta de Desarrollo de la Zona Sur (JUDESUR), SINAC, el Municipio de Osa y la Comisión Nacional de Emergencias. Con esta inversión, el parque agregará casas para guardaparques, estructuras para entradas de visitantes, baños y duchas para visitantes, y tiendas de bienes y servicios básicos para visitantes (“tiendas de la naturaleza”) en la mayoría de sus playas.

Lo que sigue en la lista de prioridades es organizar la gestión del parque dentro de esta nueva forma de hacer las cosas. Ahora una empresa consultora está realizando la investigación para el nuevo plan general de manejo del parque nacional, servicio que fue donado por la Fundación Costa Rica por Siempre.

“Ya hicimos dos talleres muy interesantes donde logramos que los [consultores] escucharan a la comunidad, gracias a la alianza”, dice Marcela, quien dice que los miembros de la comunidad solicitaron que el plan priorizara el manejo de visitas. “Se necesitan turistas en los parques, así que trabajemos en este tema”.

El otro desafío para el área protegida es establecer las concesiones de Servicios y Actividades No Esenciales (SANE) que tanto sueña Cristian.

Karol, de ASOTU, dice a El Colectivo 506 que el desconocimiento de esta nueva oportunidad de relación comercial con el parque asusta a organizaciones como la suya, pero que “el parque no está obteniendo ingresos por los servicios prestados”, refiriéndose al cabotaje, al uso de baños. y áreas de picnic, y clases de deportes acuáticos como surf y kayak.

La implementación del SANE permitiría que el Parque Nacional Marino Ballena reciba una tarifa o pago de entidades externas que brindan estos servicios, al igual que el Parque Nacional Chirripó, como reportado en El Colectivo 506 anteriormente en esta edición. Esto proporcionaría al parque ingresos que podría reinvertir en infraestructura y mejoras.

A nivel de conservación, Cristian espera que se continúe trabajando en un proyecto de rehabilitación de corales y la implementación de un Comité de Vigilancia de los Recursos Naturales (COVIRENAS) para mejorar el trabajo conjunto comunidad-SINAC para proteger los recursos nacionales.

Un desafío más para esta simbiosis en recuperación surge ahora del nuevo edificio de la Asamblea Legislativa en San José. En diciembre de 2020, el legislador nacional Gustavo Viales Villegas presentó el Proyecto de Ley N° 22345, “Creación del Parque Nacional Marino Ballena”, que busca consagrar la protección del parque en una ley y no solo en un decreto.

Sin embargo, las organizaciones comunitarias que rodean a Marino Ballena ahora trabajan para que esta ley no ignore más de 30 años de historia, ni los avances masivos de los últimos meses. A través de la alianza de organizaciones liderada por la ADI, han se hicieron escuchar.

“Lo bueno es que tenemos abiertas las líneas de comunicación”, dice Marcela.